EMERGENCIA SANITARIA: EL ÁRBOL QUE TAPA EL BOSQUE
Por Adrián Arena
La cuarentena domina la escena política y social. La cantidad de infectados, las muertes diarias, el distanciamiento social, las actividades exceptuadas, los permisos de circulación, el cierre de accesos a ciudades y la cambiante normativa de la emergencia sanitaria ocupan casi toda la información periodística.
En ese contexto, la gestión de Alberto Fernández se plebiscita a través de una única pregunta: ¿ cómo calificar la actuación del Presidente ante la pandemia ? Información sesgada, infografías y gráficos parciales y comparaciones engañosas difundidas por la prensa adicta condicionan la respuesta de la opinión pública logrando el régimen, de este modo, un amplio margen de aprobación.
Ese alto grado de aceptación, a su vez, evidencia la existencia de un efecto anestésico en la sociedad que le impide advertir que cada día vamos perdiendo un poco más de libertad. Estamos siendo sometidos a un mecanismo de control social sin precedentes, propio de una dictadura. El régimen controla nuestros movimientos y el poco margen de movilidad que se nos otorga es a expensas de proporcionar información sensible acerca de nuestras actividades obligándonos a gestionar permisos, formular declaraciones juradas o, sencillamente, localizándonos en tiempo real a través de nuestros celulares o de la tarjeta SUBE. Y se nos pide que confiemos que esa información sensible no tendrá tratamiento alguno y que, simplemente, se trata de una cuestión menor, lateral y sin importancia derivada de una política sanitaria que el Mundo admira y comenta, desplegada en aras del bien común.
Quien no se somete a esos controles vejatorios y deambula por las calles, aún en casos de justificada necesidad o reclamando por la vigencia de sus derechos y garantías constitucionales, es pasible de ser detenido y sometido a un proceso penal con posibilidades ciertas de ser condenado a pena de cárcel.
El servicio de justicia está paralizado. No hay jueces que velen por nuestros derechos. Las "guardias mínimas" dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales superiores de las provincias y de C.A.B.A. son una pantomima. Un verdadero simulacro. Los juicios orales y públicos en materia penal están suspendidos por tiempo indeterminado. El denominado "teletrabajo", la firma digital y los expedientes electrónicos cumplen la sucia tarea de blanquear la imagen del régimen permitiéndole argumentar que la justicia funciona cuando no es así.
El control social se extiende a la prohibición de un sinnúmero de actividades comerciales, industriales y de servicios impedidas de funcionar llevando a la ruina a miles de empresas y establecimientos. Los criterios para permitir o prohibir esas actividades son totalmente arbitrarios basados únicamente en la voluntad del burócrata que lo decide, sin ningún tipo de fundamento. Quienes tienen prohibido ejercer su actividad o industria deben igualmente pagar los sueldos de sus empleados, los impuestos y, además, están obligados a no despedir personal. En caso de que lo hicieran, los empleados pueden reclamar ser reincorporados y será un funcionario del Poder Ejecutivo el que, mediante un simple acto administrativo -equiparable a un bando de un gobierno de ocupación-, el que así lo disponga más una multa ejemplificadora aplicada al infractor.
Decenas de miles de inspectores recorren todo el país controlando precios, labrando actas de infracción y disponiendo clausuras en el acto sin que los afectados puedan ser oídos y sin la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en forma previa. Rige un sistema de precios máximos impuesto por el régimen y "consensuado" a punta de pistola con las industrias.
Agencias del régimen controlan la información y publicaciones que circulan por las redes sociales. El "ciberpatrullaje" es una de las miserias más espantosas de la cuarentena y deriva en allanamientos y detenciones a quienes osaron publicar lo que molesta encuadrando esa conducta en figuras delictivas mediante un proceso interpretativo que extiende a límites insólitos los alcances del tipo penal. Así, una crítica al gobierno puede constituir el delito de intimidación pública. Y siempre habrá un juez o fiscal avenido a la tiranía dispuesto a procesar y castigar a quien la formule.
El árbol tapa el bosque. La emergencia sanitaria y el temor al contagio del COVID-19 ocultan el debilitamiento del Estado de Derecho, el avasallamiento de las garantías constitucionales y la pérdida de las libertades públicas.
Cuando todos se den cuenta puede que ya sea tarde ...